PARTICIPACIÓN DEL PODER JUDICIAL EN EL DESARROLLO DE LAS INSTITUCIONES DEL PAÍS

Rosario Susana López Wong
Fiscal Adjunta Superior del Distrito Judicial de Lima
Magíster en Ciencias Penales


I) PRECISIONES INICIALES.
El planteamiento del presente ensayo, se orienta a determinar si el Poder Judicial ha contribuido o no, a la consolidación del sistema democrático. Al respecto, debemos precisar que el origen de la preocupación radica en el hecho de que, como sabemos, en la década que nos precedió, por factores ajenos a la administración de justicia propiamente dicha, la actuación del Poder Judicial en el ámbito del acontecer socio-político no sólo no sirvió para consolidar el sistema democrático, sino que las más de las veces, contribuyó por el contrario a reforzar el totalitarismo y arbitrariedad del gobierno de turno.

Consideramos que abundan análisis y estudios sobre la existencia del Poder Judicial como órgano de naturaleza jurisdiccional que requiere como gobierno desde el mismo interior del Poder Judicial, concretar el acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, ello, a través de la propia gestión de los jueces; sin embargo, lo que cabria puntualizar en este enfoque es lo innegable que resultó ser durante la anterior gestión, la dependencia del Poder Judicial con respecto al Poder Ejecutivo, produciéndose una politización desmesurada que evidentemente aumentó el descrédito ante la población sobre la supuesta independencia y autonomía del Poder Judicial.

Ahora bien, para comprender como se ha manejado el Poder Judicial en los últimos tiempos adoptaremos una clasificación que si bien es cierto es dada en términos generales, nos sirve de base para posteriormente arribar a una posición específica en relación al tema planteado:

1.- Modelo Político.-
En este esquema, la administración y el gobierno del Poder Judicial radica y depende del Poder Ejecutivo, permitiéndose algunas variaciones, como por ejemplo, que la administración de los bienes y servicios esté de modo parcial en el Ejecutivo o pase de manera total al propio Poder Judicial quien en consecuencia asumiría las riendas del manejo interno de su propia administración.

En el referido supuesto, si no obstante la administración queda completamente en manos del Poder Judicial y si el gobierno radica en un órgano de naturaleza política, entonces afrontamos un modelo o manejo político que, como se ha logrado apreciar a lo largo de las últimas décadas, consiste en un modelo desacreditado ante la opinión pública.

2.- Modelo Corporativo.-
Se refiere al manejo que hace el Poder judicial de sí mismo, esto es, en todo lo que atañe a su gobierno y administración, siendo calificado este modelo como “Autogobierno del Poder Judicial” pretendiendo tal esquema que la judicatura tenga un autogobierno que se manifieste en dos extremos; en uno, llevan a cabo su administración y por su parte, en el otro, el gobierno también lo realiza de modo autónomo.

3.- Modelo Institucional.-
Es el que ha tenido más influencia en los últimos tiempos, y medularmente está inspirado en lo que se ha dado generalmente en conocer como Consejo de la Judicatura.

II) LA NECESARIA EVALUACIÓN A PARTIR DE ESTOS MODELOS.
Debemos admitir en primer lugar, la existencia de diversas dificultades por las que ha atravesado y aún atraviesa en la actualidad el Poder Judicial, por ello, cuando se anhela lograr un Poder Judicial eficiente, dinámico, democrático y moderno, no debemos limitarnos a la pretensión de un sistema reducido a un servicio público esencial, sino que debemos coadyuvar al cumplimiento de una realidad, esto es, que sea mayor y más auténtico el acercamiento entre la sociedad y el Estado pues es de este modo y no otro, que afirmamos la vigencia de una verdadera democracia.

Entonces, este concepto de democracia cobra real importancia y no aparece limitado a un modelo político, sino que constituye el presupuesto básico y fundamental para que cualquier esquema gubernativo opere con sustento social. Sobre el particular, preocupa significativamente el sometimiento del Poder Judicial que hemos advertido en épocas anteriores y que en mi posición personal, se acrecentó en la década anterior respecto del poder político, pues esta situación conllevó necesariamente a la inexistencia de una política judicial que posibilite y haga viable la autonomía a que nos referimos.

Al respecto, resultó cuestionable la existencia de las Comisiones Ejecutivas como órganos de gestión y gobierno al interior de instituciones como el Poder Judicial y el Ministerio Público, en razón a que si bien es cierto la instauración de entes representativos en la gestión y administración resultan ser necesarias, tal responsabilidad y atribución debe ser ejercida exclusivamente por los verdaderos gestores y protagonistas de la función jurisdiccional y no por terceros ajenos.

Generalmente, en el ámbito latinoamericano se ha acostumbrado asumir que sólo las ideas de índole político pueden proteger el orden establecido; no obstante, la realidad nos hace ver que en los grandes sectores sociales el interés verdadero radica en defender la democracia como forma esencial de convivencia humana y del Estado de Derecho como mecanismo elemental de su legitimación.

En dicho contexto, el Poder Judicial debe superar sus problemas y dificultades a través de la actuación idónea y autónoma de sus miembros, pues haciendo prevalecer en dicha actuación la protección de los derechos fundamentales, es que se logra el mantenimiento del Estado de Derecho que erige como máximo valor la justicia, elemento sin el cual, evidentemente ninguna nación podría sustentar una verdadera democracia.

III) APUNTES SOBRE LA REFORMA JUDICIAL

Desde que tengo uso de razón, por lo menos desde el golpe de Estado de la dictadura militar del General Velasco Alvarado, se viene hablando de la crisis en el Poder Judicial y de la necesidad de implantar reformas urgentes y mediatas a dicho Poder del Estado. Ahora bien, cabría preguntarnos si luego de los intentos de reforma producidos, se han alterado significativamente las insuficiencias de nuestro sistema judicial.

Estas insuficiencias no sólo se hallan relacionadas a la incapacidad de solucionar equitativa y oportunamente los conflictos de intereses que surgen entre las partes en litigio, sino también, debemos aceptar, por la incapacidad e inoperancia en asumir la tarea que como poder del Estado, concierne al Poder Judicial de mantener y reforzar la democracia en nuestro país. Una democracia que le ha exigido y exige al Poder Judicial sobretodo, la tutela y protección de los derechos fundamentales de la población contra el abuso y la arbitrariedad del ente estatal así como de la que provenga de cualquier grupo de poder.

Es preciso señalar entonces, que toda reforma iniciada en el país trasciende en su significación y alcances, el ámbito físico del Poder Judicial; ya que si el objetivo expreso es mejorar el servicio de justicia en el Perú, debe lograrse que ésta sea frente a la población, eficaz, efectiva, eficiente y transparente.

Precisamente por ello, si el debido proceso legal es el instrumento idóneo y la única herramienta para concretar este ideal de justicia, no podemos omitir que dentro de la reforma iniciada con beneplácito de una ciudadanía que había perdido su fe en la justicia, el proceso debe ostentar un carácter integral en cuanto a sus componentes operativos e institucionales deduciéndose que, siendo uno el sistema con pluralidad de componentes, se impone una dirección común, esto es, que la actual reforma se concrete necesariamente, con la garantía del debido proceso legal, llegando y modernizando a todas las instituciones comprometidas en ella; siendo esto así, es vital la observancia del debido proceso en el marco de la reforma judicial, pues aquella que afecte ostensiblemente las garantías del debido proceso, desvirtúa por completo su naturaleza y finalidad dificultando una correcta administración de justicia.

III.1) Diagnóstico de los problemas más importantes de la justicia en el Perú:
Sin duda alguna, es una constante preocupación de juristas, magistrados, políticos y ciudadanos en general, la problemática que se da en torno al proceso penal, respecto al cual mucho se discute si se respetan las garantías de los justiciables o no, si se han producido violaciones a los derechos fundamentales de la persona o no, si las normas existentes garantizan plenamente estos derechos y si son eficaces o, por el contrario resultan inadecuadas.

Al respecto, gran parte de las veces afrontamos normas que en la práctica no garantizan nada, todo lo cual hace que nos encontremos en una permanente búsqueda de equilibrio entre eficacia y garantía, esto es, entre seguridad ciudadana y libertad personal, por lo que partiendo de que el proceso penal resulta una actividad debidamente regulada y sustentada en las garantías y principios fundamentales consagradas en la Constitución Política del Estado, reconocidos éstos internacionalmente en los Tratados y Convenios de derechos humanos que orientan el desarrollo del proceso penal y sobretodo, sirven de límite al ejercicio del ius puniendi; queremos motivar la reflexión sobre los conceptos e instituciones de mayor discusión y relevancia aplicativa en la magistratura nacional.

Actualmente se viene dando un proceso de reforma judicial en el que se está tratando de modernizar las estructuras del Poder Judicial y similar situación se está dando al interior del Ministerio Público, restableciéndose las facultades tanto a la Sala Plena de la Corte Suprema como a la Junta de Fiscales Supremos, quienes de este modo han asumido el rol protagónico que les corresponde en este proceso de reforma.

Pues bien, existe consenso sobre la necesidad de reformar la justicia penal en los países latinoamericanos; sin embargo, observamos que no hay consenso al momento de definir el correcto significado de la reforma judicial y las estrategias a emplearse en dicha tarea. Las razones para apreciar la necesidad de reformar la justicia penal entonces, son diversas, pero entre las principales tenemos:

  • La creciente sensación de inseguridad y de desamparo de los ciudadanos frente a la violencia social.
  • La impunidad estructural, que es atributo de los más poderosos y que atenta contra el principio de igualdad ante la Ley.
  • La existencia de un reclamo cada vez más claro y profundo de respeto hacia los derechos humanos.
  • El hecho cierto y notorio que la criminalidad organizada se ha modernizado y tornado más eficaz.

En tal contexto, es necesario advertir que en líneas generales, las deficiencias más notables de la administración de justicia en el Perú se refieren a:

  • Falta de celeridad en los procesos judiciales.
  • Poco acceso de la sociedad a la justicia.
  • La impredecibilidad de la justicia.
  • Los altos costos generados al litigante.
  • La falta de credibilidad de la población en la administración de justicia.
  • La corrupción al interior del Poder Judicial.
  • La falta de eficiencia del sistema y la obsolescencia de los procesos.
  • La carencia de profesionalización de los magistrados.
  • La existencia de una infraestructura pobre e inadecuada, etc.

En efecto, son éstas algunas de las razones que justifican la reforma de la administración de justicia en general así como en el ámbito penal; no obstante, ello no debe propiciar el desconocimiento de las garantías del debido proceso, pues esencialmente, debe clarificarse cuáles son los reales alcances del proceso de reforma en el Perú; así las cosas, coincidimos en que uno de los aspectos negativos de la reforma es la falta de difusión del sentido de la política en forma global y conjunta, lo cual permitiría a la ciudadanía comprender la necesidad de adoptar determinadas acciones y especialmente, entender su relación con los objetivos señalados por la reforma.

III.2) Objetivos y lineamientos del proceso de reforma judicial:

Ahora bien, en un esfuerzo por organizar un nuevo Poder Judicial con estructuras sólidas y confiables para la ciudadanía en general, se evidencia que no resulta suficiente la implementación de la infraestructura, la automatización, tecnología moderna y modernización de Códigos pues en mi opinión, siendo dichos aportes de suma importancia para culminar con éxito el proceso de reforma iniciado, no se debe dejar de lado que la eficiencia y equidad en los procesos es pilar fundamental de una correcta administración de justicia, por tanto, sustento de todo Estado de Derecho.

Esta posición conduce a afirmar que para oponerse a factores negativos como la sobrecarga y el retardo procesal es menester determinar si caben adoptarse medidas – mayormente de orden administrativo y de gestión de gobierno-, que a la postre pueden significar cierto menoscabo al derecho a la defensa o al principio de la inmediatez procesal (juez natural); bajo estos argumentos, es necesario indicar que indudablemente es al Poder Judicial que le corresponde el ejercicio de la potestad jurisdiccional1 y en ese sentido, la facultad que le es reconocida es vasta, comprendiendo el control del ejercicio del poder político y la tutela de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos.


En consecuencia, los principios sobre los cuales descansa la actividad funcional del Poder Judicial son principalmente:


1.- UNIDAD JURISDICCIONAL

2.- EXCLUSIVIDAD JURISDICCIONAL

3.- JUEZ LEGAL

Y para la efectiva vigencia del poder atribuido a la administración de justicia se requiere el cumplimiento de las siguientes garantías:

1.- Vinculación del juez al ordenamiento jurídico

2.- Inamovilidad judicial

3.- Irreductibilidad de los sueldos

4.- Gobierno autónomo

José Almagro Nosete por su parte, refería que “(….) toda la construcción teórica y política sobre la administración de justicia se materializa en la asunción de la separación de poderes y en el principio de independencia Judicial ( …)”. En dicha línea de argumentos, los objetivos fundamentales del proceso de reforma judicial son:

a) Priorización del ciudadano como usuario de la justicia.

b) Conceptualización hacia el magistrado como centro de la reforma, ello, en el sentido de que sólo con buenos magistrados se podrá lograr el respeto de la sociedad hacia la reforma.

c) Respeto irrestricto al marco legal y la Constitución.

Conviene precisar, que a estos tres principios básicos sólo debo añadir que el magistrado es el núcleo de la reforma, y que si bien sólo con la actuación de personas que desempeñen el cargo de modo honesto e idóneo se conseguirán los fines de la reforma judicial emprendida, no menos cierto es que para lograr tal objetivo, se deben proporcionar los instrumentos y medios necesarios dentro de un marco de observancia estricta de la Constitución Política del Estado; por tanto, una de las garantías de la administración de justicia es precisamente el derecho a la defensa y la observancia del debido proceso y, en tal orden de ideas, considero que efectuando un diagnóstico completo del problema y conjugando estos factores fundamentales, se puede arribar con éxito a los loables fines de la reforma judicial, generando ello obviamente la confianza y credibilidad de la ciudadanía hacia nuestro sistema Judicial.

En similar postura, Abraham Siles Vallejos en su investigación titulada: “Modernización y Reforma de los Sistemas de Justicia en América Latina y el Caribe” cita a Edgardo Buscaglia afirmando: “Todos aquellos casos en los que la reforma judicial incluye todas las jerarquías del sistema judicial y la amplitud de las reformas se dirige a las siguientes áreas: 1) Mejoras en la administración de Justicia. 2) El fortalecimiento de la independencia judicial 3) El desarrollo de mecanismos alternativos de solución de disputas (mediación, arbitraje, tribunales de conciliación, etc.) 4) La mejora de la educación legal de los jueces, los abogados y el público en general 5) La creación de nuevos canales para que varios sectores de la población, ahora excluidos, tengan acceso a la Justicia ”

Como se puede observar, este autor menciona como un aspecto primordial el “fortalecimiento de la independencia judicial”, coincidiendo plenamente con dicho concepto ya que consideramos firmemente que ningún proceso de reforma puede llevarse a cabo con éxito, sin la observancia de los principios fundamentales de la administración de Justicia.

IV) ¿QUÉ ESPERA LA CIUDADANÍA DE UNA REFORMA DEL PODER JUDICIAL?
Principalmente y en términos muy simples, el ciudadano común y corriente pretende asegurar su acceso al órgano jurisdiccional en cuanto vea vulnerados sus derechos o se constituya en víctima de lo que se ha dado en denominar una “transgresión legal”. También espera que su ofensor sea drásticamente sancionado, y que la aplicación de las sanciones a que hubiera lugar se produzcan con total imparcialidad y sin distingo alguno por parte del juzgador hacia las partes en litigio.

Entonces, podemos asegurar sin temor a equivocarnos que el ciudadano común asocia el término “Reforma Judicial” con la expectativa de una justicia más eficiente, que le brinde mayor seguridad así como una mejor “calidad de vida”2. Por estas razones es que para lograr un resultado más óptimo, las reformas judiciales deben contemplar los binomios:

EFICIENCIA/SEGURIDAD

DERECHOS HUMANOS/ DEBIDO PROCESO

Asimismo, cabe señalar que las reformas por sí mismas implican cambios; no obstante, consideramos que ellas no se deben limitar a una simple disminución de las demoras en la tramitación de las causas así como de los incentivos para la corrupción, pues de modo fundamental se deben lograr los siguientes objetivos:

1.- Promover un acceso más amplio al sistema judicial por parte de los sectores de menores ingresos.

2.- Que el sistema judicial adquiera la suficiente independencia de toda influencia política o de cualquier otra naturaleza.

3.- Rediseñar y expandir los programas de educación legal y capacitación para estudiantes, abogados, magistrados y público en general.

4.- Incrementar la disponibilidad de los mecanismos de resolución alternativa de disputas.

Ahora bien, debe precisarse que sin dejar de reconocerse los loables fines de la reforma judicial, es siempre una constante preocupación que en la práctica algunas disposiciones afecten, por citar un ejemplo, el derecho de defensa del justiciable así como el principio del juez natural, esto último, debido a que en el empeño por lograr disminuir la sobrecarga procesal se pueden menoscabar estas garantías fundamentales del debido proceso.

IV.1) Acerca del Derecho de Defensa y el Principio del Juez Natural:

Es pertinente en este punto esbozar los conceptos que definen el derecho de defensa y el principio del juez natural.

– DERECHO DE DEFENSA:
Es aquel derecho público constitucional que asiste a toda persona física a quien se le atribuye la comisión de un hecho punible, mediante cuyo ejercicio se garantiza al imputado la asistencia técnica de un abogado defensor y se les concede a ambos, la capacidad de postulación necesaria para oponerse eficazmente a la pretensión punitiva haciendo valer dentro del proceso el derecho constitucional a la libertad del ciudadano. La defensa, en tanto derecho fundamental, es ejercitada igualmente por el imputado como por el abogado defensor, de ahí su carácter dual, privado o material y público o formal, siendo ésta última característica informada por el derecho público ostentando carácter obligatorio.

En efecto, del tenor del Artículo 139º inciso 14) de la Constitución Política del Estado, advertimos que el principio del derecho a la defensa consiste en la facultad que le asiste a toda persona de defender su inocencia o atacar la desproporción de la pretensión punitiva, defendiendo la atenuación de su responsabilidad penal; igualmente, se le conceptúa como el derecho que tiene todo acusado por un delito, a preparar una defensa en igualdad de condiciones que la acusación derivándose este supuesto de aquel principio genérico denominado “igualdad de armas en el proceso”.

– JUEZ NATURAL:
Es un derecho fundamental que asiste a todos los sujetos del derecho en cuya virtud, deben ser juzgados por un órgano creado conforme a lo prescrito por la Ley Orgánica correspondiente dentro del ámbito de la jurisdicción ordinaria3, respetando los principios constitucionales de igualdad, independencia, imparcialidad y sumisión a la ley; constituyéndose además, con arreglo a las normas comunes de competencia preestablecidos.

En virtud a esta garantía procesal, se determina que el juez y el procedimiento deben preexistir al delito y al proceso, no siendo permitidos los Tribunales post-facto así como los juzgamientos por comisión o por delegación, pues su existencia permite inferir que en ciertos casos no actuarán con independencia, ecuanimidad y la imparcialidad que exige el cargo, pudiendo por tales circunstancias asumirse una actitud prejuiciada en torno al caso concreto.

Héctor Fix Zamudio afirma que el principio del derecho de los justiciables al juez natural o competente tiene un doble significado: por una parte indica la supresión de los tribunales de excepción y por otra, establece la prohibición de que una persona sea sustraída del juez competente4 para ser sometida a un tribunal diverso, generalmente militar; en este orden de ideas, el numeral 1) del Artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos sanciona como garantía judicial que “toda persona tiene derecho a ser oída por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella”.

Por su parte, Julio Maier refiere que la idea del juez natural incluye tres máximas fundamentales:

a) La independencia judicial, interna y externa: evita que algún poder público pueda influir en la consideración del caso.
b) La imparcialidad frente al caso: procura la exclusión de la tarea de juzgar un caso concreto y,
c) El juez natural: pretende impedir toda manipulación de los poderes públicos para asignar un caso a un tribunal determinado, de modo que al elegirse a los jueces en dichas circunstancias, éstos serán considerados como Ad-Hoc.

De otro lado, también es necesario señalar que el principio de inmediación procesal está referido a la relación entre el juez y el objeto procesal, lo que significa que la actividad probatoria ha de transcurrir ante la presencia o intervención del juez encargado de pronunciar la sentencia; de este modo la sentencia se forma exclusivamente sobre el material probatorio formado bajo su directa intervención en el juicio oral.

Por su parte, cabe precisar que la garantía del juez natural constituye a decir de Luigi Ferrajoli una de las garantías orgánicas del debido proceso5, asimismo, en su calificación, son garantías de libertad y de verdad.

Al respecto, es entendible la designación de jueces para determinadas áreas a los que se les asigna una carga equitativa; sin embargo, no debemos soslayar que lo más idóneo para una mejor administración de justicia es que aquel juzgador que conoce y asume competencia desde un inicio respecto a determinado proceso, el que ha valorado con criterio de conciencia y objetividad los elementos probatorios sometidos a su conocimiento, sea también aquel que emita fallo final.

En tal sentido, consideramos que las acotadas medidas responden a una situación excepcional y devienen en medidas de urgencia; no obstante, una vez que se logre estabilizar la situación, – y mientras no entre en vigencia en su totalidad y a cabalidad el Código Procesal Penal- el proceso judicial debe retomar su cauce inicial, pues lo contrario constituiría un real atentado a los fines y principios fundamentales del debido proceso, situación ésta última que podría conducir inevitablemente, al resquebrajamiento del Estado de Derecho.

Y, retomando el tema en cuestión, consideramos que es cierto que el problema de la reforma judicial es muy discutible y espinoso, constituyendo una de las preocupaciones más saltantes de la administración de justicia a nivel de América Latina, razón por la cual incluso se han elaborado muchos estudios al respecto; sin embargo, opinamos que resulta insuficiente el enfoque, si no comprende alternativas de solución a mediano y largo plazo, lo cual es centralmente objeto del presente ensayo.

V) REFORMA DEL PODER JUDICIAL: SU EVIDENTE RELACIÓN CON LA OBSERVANCIA DEL DEBIDO PROCESO.

Sin duda alguna, la reforma judicial se debe llevar a cabo con plena observancia de los principios y garantías del debido proceso, puesto que éstos constituyen pilar y sustento de un verdadero Estado de Derecho.

Sobre el particular, Abraham Siles Vallejo cita a Malcom Rowat, Jefe de la Unidad de Modernización del sector público en el Departamento Técnico de la Región de América Latina y el Caribe del Banco Mundial, quien afirma que “los principales obstáculos al desarrollo del sector privado en términos del funcionamiento de los tribunales, son la ineficiencia y las demoras, la corrupción y la falta de transparencia y previsibilidad de las decisiones, siendo claves también para la reforma judicial la calidad de capacitación de los jueces, las normas y los requerimientos de sus nombramientos, las condiciones para su remoción, etc (….)”.

En efecto, variada y amplia es la gama de razones que se pueden exponer para justificar la necesidad de haber planteado e iniciado una reforma en la administración de justicia, pero sin apartarnos del tema objeto de estudio, debemos señalar que en nuestro entender, el conjunto de medidas administrativas dictadas en alguna de ellas pueden llegar a quebrantar principios fundamentales del debido proceso, ratificándose en este punto los dos aspectos que rigen y delimitan el problema en mención: la afectación al derecho de defensa y al principio del juez natural 6 (inmediación procesal).

Actualmente el debido proceso es considerado como una de las conquistas más importantes que ha logrado la lucha por el respeto de los derechos fundamentales de las personas, habiéndose universalizado como un PRINCIPIO GARANTISTA que requiere necesariamente para su praxis, del concurso de los demás principios garantistas.7 En concordancia con tal postura, indicaremos que el Artículo 10º de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece:

“Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”.

En tal línea de argumentos, reiteramos que el fin más loable de la reforma judicial es precisamente, permitir el acceso a la jurisdicción de todas las personas sin distingo alguno, entonces, precisamos que en virtud a este objetivo, toda persona tiene la facultad de recurrir ante los órganos jurisdiccionales del Estado para obtener la protección de sus derechos o para hacer valer cualquier otra pretensión, asegurando de este modo la tranquilidad social, en tanto que se impide que las personas tomen justicia por mano propia ya que al contar con una instancia competente, independiente e imparcial, pueden resolver sus controversias con un mayor grado de efectividad.

Esbozando una definición más concreta, diríamos que el debido proceso significa el derecho de todas las personas de acceder al sistema judicial, para que los órganos llamados a resolver su pretensión la evalúen y emitan una resolución fundamentada conforme a derecho, siendo el impedimento a este acceso la forma más extrema y negativa de denegar justicia. También es pertinente acotar, que el debido proceso es un fundamento esencial del Derecho Procesal Penal moderno constituyendo igualmente, una exigencia del ordenamiento de los derechos humanos y esto acontece toda vez que los principios que informan el debido proceso son garantías no sólo aplicables para el funcionamiento judicial en sí mismo, sino también, que involucran el cumplimiento de otros derechos fundamentales, en consecuencia, el derecho de petición indudablemente, implica el acceso a la administración de justicia.

Es así como el debido proceso conlleva a la existencia de un órgano judicial independiente y funcional, del mismo modo que una serie de normas que aseguren un procedimiento equitativo en el cual el procesado tiene a su alcance las posibilidades irrestrictas de la defensa de su caso.

Conviene señalar de otro lado, que la justicia es aquella institución que se orienta a educar siempre a los Juristas, mientras que la instancia judicial es aquella en que se concreta la reacción social, llamando siempre la atención de los estudiosos apareciendo implicados en la actividad judicial diversos operadores del derecho, de modo tal que quien pretendiera conocer en profundidad el funcionamiento y las diversas facetas que comprende el conjunto de operaciones vinculadas a ella, deberá sin duda, estudiar los roles que a aquellos operadores les corresponde desarrollar en la búsqueda de la justicia. De tal suerte, los abogados, los funcionarios y empleados de los diversos órganos judiciales, así como el conjunto de auxiliares de la justicia constituyen los representantes de variadas funciones, siendo a la vez el reflejo de los diferentes intereses que confluyen en la tarea judicial.

La precisión es importante, ello, debido a que en lo que atañe al papel que les corresponde a los abogados, éstos traducen, como el resto de los operadores legales, los elementos constitutivos del fenómeno jurídico, fenómeno en el cual debemos analizar qué aspectos de la reforma judicial y, consecuentemente, cuáles de sus medidas, han afectado en mínima o gran alcance la real aplicación de los principios del debido proceso8.

VI) APUNTES SOBRE EL ROL DE LA REFORMA JUDICIAL EN EL AFIANZAMIENTO DEL ESTADO DEMOCRÁTICO.
En este contexto, debemos advertir que el rol usual del juez como resolutor de conflictos, queda de lado para orientarse hacia la mediación de conflictos de notable relevancia en el orden sociopolítico, no siendo entonces nada casual que los medios de comunicación masiva y la opinión pública en general vengan observando desde una perspectiva política, el desenvolvimiento de estas demandas de justicia social ante los tribunales de justicia; corresponde entonces destacar en especial el tema referido a las violaciones de derechos humanos, lo cual ha sido el fundamento para que el Poder Judicial demostrara, como le compete de acuerdo a sus atribuciones jurisdiccionales, su independencia de criterio frente al Poder Civil-Militar.

La clara tendencia que se observó anteriormente respecto a un sometimiento al poder político tuvo consecuencias notables, como es el hecho de que no existió en verdad una política judicial que hiciera posible la autonomía del Poder Judicial, y debido a ello se produjo la ausencia al interior de dicho poder del Estado de una estructura de gobierno que asumiera su compromiso permanente, eficaz y oportuno en la toma de decisiones.

Lo que se pretende en la actualidad, a la luz de los acontecimientos pasados, es erradicar ese saldo evidentemente negativo respecto al rol que le correspondió desempeñar al Poder Judicial en estos últimos años; por el contrario, se pretende afianzar un verdadero Estado democrático de Derecho y para ello, cabe preguntarnos: ¿Qué idea tenemos de la noción del cambio de un “Estado Autoritario y Centralista” al denominado “Estado Democrático y de las Autonomías?

En torno a dicha cuestión, planteamos el siguiente esquema:

Estado autoritario y centralista


ß


La Justicia considerada como agente e instrumento de control social


Estado democrático y de las autonomías


ß


Justicia como dispensadora de servicios a la comunidad – Garantía en salvaguarda de los derechos fundamentales de los ciudadanos-



Este esquema contribuye a reafirmar nuestra posición en el sentido que la relación del Poder Judicial con la consolidación de una auténtica democracia en nuestro país, distó mucho de cumplir sus objetivos, por consiguiente, es necesario -y consideramos que actualmente los esfuerzos se están encaminando hacia dicho propósito-, un cambio drástico orientado a la identificación de la constitución de la justicia en forma global, con la prestación de un servicio práctico y eficiente para la ciudadanía.

Sobre el particular, si apuntamos a determinar la relación entre Poder Judicial y Democracia, necesariamente debemos aludir al tema de la legitimidad del Poder Judicial en un Estado Democrático. Este supuesto sin duda se da en la medida que logremos distinguir dos situaciones: primero, la llamada legitimación de origen que es propia de los órganos sometidos a consulta popular por sufragio universal, y en segundo término, la legitimidad de ejercicio. Esta última obviamente corresponde al Poder Judicial traduciéndose a nuestro entender en la plena vigencia de la ley, -pero la ley justa y acorde a las demandas sociales, no la ley arbitraria y demagógica-,de los derechos ciudadanos, principio y fundamento del Estado de Derecho.

Ferrajoli anota por su parte que el fundamento de la legitimidad del Poder Judicial en un Estado de Derecho, y en dicho sentido, de cada juez en el ejercicio de sus funciones, se encuentra en el PRINCIPIO DE VERDAD EN EL JUICIO. Al respecto, coincidimos con Ferrajoli cuando explica que el juez debe observar de modo cabal las normas sustanciales y procesales que en su caso vienen a constituir un sistema de garantías para proteger la libertad de todos los ciudadanos, sobre todo, cuando afrontan un proceso judicial; entonces, en virtud a esta observancia se produce una fuente de legitimación externa, política o sustancial en el Poder judicial que no ostentan otros entes, y lo que podría ser una desventaja para su legitimación en cuanto a la falta de representatividad popular, en realidad resulta ser beneficioso en lo que respecta al reclamo que se hace a los jueces sobre su independencia en relación a los Poderes Político y Legislativo del Estado.

En la actualidad, pues, la concepción del servicio de justicia ha variado, pues existe una notable tendencia a otorgar a los jueces una serie de facultades que al poner en relieve su rol como directores del proceso judicial, se orientan a buscar la mejor solución del conflicto en el tiempo más oportuno, aspirando a cumplir con los Principios de índole procesal como la inmediación, la congruencia en la resolución, celeridad, eficacia, en suma, todas aquellas garantías que prevé el debido proceso y que tienen como objetivo primordial, concretar una eficaz y efectiva protección de los derechos fundamentales de las personas.

VII) CONSIDERACIONES FINALES:

Bajo tal contexto sin embargo, no debemos atribuir la responsabilidad de los males de nuestro Poder Judicial sólo a los Magistrados, pues muchos de ellos, son conscientes de esta crisis judicial e incluso son conscientes de la gran dimensión del problema; sin embargo, dadas las circunstancias anotadas, suelen sentirse impotentes para alterar esta situación.

Esa impotencia no es en muchos aspectos infundada. En efecto, es necesario darnos cuenta de que hay cuotas de responsabilidad en nuestros constituyentes al establecer un modelo de Poder judicial insuficiente; igualmente, corresponden cuotas de responsabilidad en el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo como expresión de intereses de una mayoría que ha pretendido controlar para sí, la “Independencia” de nuestro Poder Judicial.

En torno a ello, sostenemos que cualquier reforma del Poder Judicial, de mantenerse en el esquema de un modelo constitucional insuficiente, sólo conllevaría a implantar un sistema de dependencia de nuestra justicia, ello, por encontrarse sustentada en un modelo que impide la plena autonomía e independencia judicial; siendo éstas últimas condiciones las que sin duda alguna, constituyen presupuestos fundamentales para cumplir las condiciones que nuestra democracia exige.

No obstante, si bien tanto la Constitución Política de 1979 y la de 1993 les han otorgado a los jueces espacios de poder importantes que les permiten hacer relativamente efectiva la tutela judicial de los ciudadanos en sus conflictos intersubjetivos y contra el Estado, lo negativo de la situación es que a pesar de estas prerrogativas, el Poder Judicial en su conjunto y como institución, se mostró siempre débil frente a las presiones de otros poderes pertenecientes al Estado y a la sociedad; resultando innegable que pese a los esfuerzos de mejora desplegados por la reciente reforma judicial, no se ha abordado aún con profundidad la problemática que implica la relación de orden político-constitucional al interior del Poder Judicial.

Esta situación, -sin pretender realizar generalizaciones inadecuadas que no es el propósito de la presente evaluación-, conduciría a afirmar que al Estado no le interesó solucionar el problema del servicio de la justicia, y ello por una razón muy sencilla, esto es, que para quien ostenta el poder no le conviene tener a alguien que lo controle, en buena cuenta, a quien busca siempre una “óptima política de gobierno” pero que en realidad no admite controles tal vez por intereses vedados, no le conviene un magistrado justo, honesto y sobre todo independiente ya que el magistrado con estas características, viene a constituir una amenaza porque con su accionar puede detener y oponerse a los atropellos de un gobierno totalitario, declarar inconstitucional una ley favorable a los intereses del régimen, sancionar a cualquier funcionario corrupto sin temor alguno a las represalias, y esencialmente un ataque contra este magistrado, es en realidad, una afrenta hacia el propio pueblo, ya que sólo el libre ejercicio de su función idónea e independiente constituye plena garantía para coadyuvar a la paz social en justicia.

Entonces, se hace necesario poner en práctica las dos expresiones de la independencia en relación a la actuación de los jueces, la independencia externa que es la independencia de la magistratura entendida como orden frente a los otros poderes del Estado, entiéndase Poder Ejecutivo e, independencia interna que consiste en la independencia del magistrado en su calidad de individuo frente a las jerarquías internas de la propia organización judicial; sólo de este modo y en nuestro entender, se podrá lograr que un Poder Judicial sólido e independiente pueda afrontar dignamente el proceso de su legitimación democrática, de la protección real de los derechos humanos de todos los ciudadanos, del control de la legalidad frente a la arbitrariedad y la valiente oposición al abuso del poder político.

Concluyendo, sostenemos que la legitimidad del Poder Judicial encuentra su sustento en la medida que contribuya al buen funcionamiento de un sistema político-constitucional en donde la prioridad esté orientada a garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos; siendo esto así, es posible mantener la uniformidad y coherencia respecto al consenso de la comunidad política, y ello se podrá materializar a través de la instauración de una política judicial al interior del propio Poder Judicial, que comprenda una estructura orgánica dotada de los mejores recursos materiales y sobre todo, humanos, asumiendo a plenitud el rol que corresponde desempeñar a dicho poder del Estado en vía del ejercicio de la potestad jurisdiccional, el que sin lugar a dudas, debe ser reflejo de una verdadera administración de justicia inspirada en el bien común y la paz social.

Finalmente, sólo resta precisar que el interés este análisis es alcanzar ciertas conclusiones que conlleven a determinar que la reforma judicial fundamentalmente, debe buscar crear las mejores condiciones para que la administración de justicia constituya realmente un “acceso a la Justicia” por parte de la comunidad sin distingo alguno y, en especial, por parte de aquellos que resultan ser los más débiles o menos favorecidos para lograr tal acceso, situación a que aspiramos todos los que creemos en un verdadero Estado Democrático de Derecho en el que esencialmente los objetivos trazados se deben alcanzar sin vulnerar los Principios y Garantías fundamentales que consagra nuestra Carta Magna.

BIBLIOGRAFÍA

1. Binder, Alberto
“Estrategias para la reforma la Reforma de la Justicia Penal”.
Revista de Criminología-Maracaibo (1990-1991)

2. Bustos Ramírez, Juan
Manual de Derecho Penal.

3. Detler Notte
“Reforma Judicial y Derechos Humanos”.
1996.

4. Maier, B.J: Julio
“El Código Procesal Penal Modelo y la Reforma Procesal en Iberoamérica”. Ponencia desarrollada
en el Seminario Reforma de la Justicia Penal-Argentina.

5. Muñoz Conde,Francisco
Código Penal-Parte general.

6. Prado Saldarriaga, Víctor
“Las medidas Alternativas y su desarrollo en el Derecho en el Derecho Penal Peruano”.
Todo sobre el Código Penal.

7. San Martín Castro, César
“Constitución y Principios del Proceso Penal”. Ponencia 1996.

8. Sánchez Velarde, Pablo
“Comentario del Código Procesal Penal”.
La detención en el proceso Penal Peruano

9.. Sendra Gimeno
Derecho Procesal. Obra colectiva, 3ra. Edición Valencia -España

Revistas:
– Revista del Ministerio de Justicia del Perú, Nº 1, 1997.
– Cuadernos de Debate Judicial (1,2), Consejo de Coordinación Judicial. Enero, 1998.
– Anteproyectos de Ley de Simplificación del Procedimiento Penal Sumario.
Secretaría Ejecutiva del Consejo de Coordinación Judicial. Agosto, 1997.
– Revistas Estudios Privados. Facultad de Derecho – UPSMP, Año II Nº 2 Junio, 1997.

1. Artículo 138° de la Constitución Política de 1993.

2. La reforma judicial hace necesario romper la inercia interna del Poder Judicial hacia un cambio profundo que sea el inicio de un cambio total, apuntando hacia la reforma de la justicia en el país como uno de los pilares esenciales para el desarrollo sostenido y el bienestar de la sociedad Peruana; en igual contexto, para contagiar al resto de instituciones, debe generarse lo que se ha dado en denominar trazar el efecto dominó, esto es, un cambio orientado hacia el establecimiento identificado en la Constitución de la justicia en forma global, de un servicio práctico para la ciudadanía. Asimismo, en este punto conviene traer a colación que la Dra. María Soledad Alvear Valenzuela en la reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas (1 al 3 de diciembre de 1997- Buenos Aires, Argentina) indicó de modo enfático que: “(….) en el marco de crecimiento y valoración de la democracia en América Latina, los sistemas de administración de justicia ocupan un papel fundamental, ya que la democracia, el mercado y la internacionalización de la economía no serán posibles ni viables en el mediano plazo, si nuestros países no son, al mismo tiempo, capaces de poner a nuestros sistemas de Administración de Justicia a la altura de tales desafíos (….)”.

3. El Art. 139º de la Constitución Política del Estado en sus incisos 1) y 3) define que “Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la Constitución Política del Estado ni la Ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgado por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación”.

4. En similar postura, el maestro Gimeno Sendra define el acceso a un juez natural o legal como un derecho fundamental que asiste a todos los sujetos del derecho, a ser juzgados por un órgano creado conforme a lo prescrito por la Ley Orgánica correspondiente y perteneciente a la jurisdicción ordinaria, respetuoso de los principios constitucionales de igualdad, independencia, imparcialidad y sumisión a la ley y constituido con arreglo a las normas comunes de competencia preestablecidos, añade que “en última instancia, el juez natural es el que señala la Constitución, el designado conforme a las reglas y garantías plasmadas en el ordenamiento jurídico, de suerte que la ley procesal no puede crear jueces ex post facto o con posterioridad al hecho, (prohibición de avocamiento) ni mucho menos, establecer dispensadores de justicia especiales para un determinado caso o atribuir competencias a órganos extraños a los jueces naturales, así se trate de circunstancias excepcionales o de anormalidad (prohibición de atribución).

5. Almagro Nosete se refiere al debido proceso como: “una cláusula de carácter general y residual o subsidiaria, por tanto, constitucionaliza todas las garantías establecidas por la legislación ordinaria, tanto en su aspecto orgánico como procesal, y ello, en cuanto y en tanto sean acordes con el fin de justicia a que está destinada la tramitación de un caso Judicial penal o cuyo incumplimiento ocasiona graves efectos en la regularidad equitativa y justa del procedimiento”.

6. Binder, Alberto. Introducción al Derecho Procesal penal. Editorial Ad Hoc Buenos Aires 1993. p. 144. Sostiene que “Si el cambio de juez no está fundado en ningún tipo de manipulación al proceso, razones de sentido común justifican el paso a manos de otro juez, sin que se afecte el principio de juez natural, pero si, por ejemplo, si por ninguna razón se cambiara al juez que es titular de un determinado tribunal por otro, que es más proclive al régimen, o que está dispuesto a admitir presiones, claramente habría una afectación a este principio, por más que formalmente, la competencia de ese tribunal no haya sido modificada, se daría así negativamente en la estructura del Poder Judicial, la falta de independencia y autonomía, aspectos que quebrantan sobremanera este principio. Ahora bien, para sustentar nuestra apreciación debemos partir del supuesto que la idea o noción de juez natural o legal no sólo comprende el requisito de que el juez sea territorial, objetiva y funcionalmente competente, sino que además, las normas difusas encomendadas al órgano de gobierno de la jurisdicción deben impedir las manipulaciones con el objeto de mediatizar las futuras decisiones del órgano jurisdiccional.

7. El Dr. Florencio Mixan Mas en una clase inaugural dictada en la Universidad Particular San Martín de Porres señaló que el principio del debido proceso indica correlativamente un deber jurídico-político que el Estado asume en el sentido de garantizar que su función jurisdiccional se adecue siempre a las exigencias de la legitimidad, de acuerdo con las particularidades de cada área y las exigencias de la eficiencia y eficacia procesales, siendo los responsables directos de cumplir con este deber los funcionarios de los órganos que asumen todo lo inherente a la función jurisdiccional del Estado; a la vez, el debido proceso constituye la base de una relación jurídico – procesal, y es aquel proceso realizado en observancia estricta de los principios y garantías constitucionales consagrados en la Carta Magna y en las leyes procesales.

8. Eguiguren Praeli, Francisco. En: “Los retos de una democracia insuficiente”.Comisión Andina de Juristas, Setiembre de 1990, p. 51.
El autor menciona respecto a la vigencia y eficacia de las garantías constitucionales, que “(…)si algo caracterizó al Hábeas Corpus en el Perú, fue su escasa utilización y virtual ineficacia, en gran medida debido a la existencia prolongada de gobiernos de facto y regímenes de excepción que suspendieron la vigencia de las garantías constitucionales, así como a la significativa sumisión del aparato judicial frente a quienes detentaban el poder político (…)”.

Esta posición refuerza nuestro punto de vista en el sentido que el Poder Judicial debe ser fundamento y principio del afianzamiento de la democracia en el país, y sólo se cumpliría este predicamento en la medida que derechos fundamentales como la libertad individual sean irrestrictamente respetados y protegidos frente a las amenazas o eventuales violaciones que pudiera sufrir. Siendo esto así, la actuación de los jueces resulta ser de primordial importancia en dicho aspecto, ello, en razón que les corresponde garantizar a cabalidad el cumplimiento de las normas constitucionales que regulan lo relacionado a los casos de privación y amenaza a la libertad, así como controlar y evitar los excesos producidos por las detenciones arbitrarias, sean éstas dictadas durante un estado normal o en una situación en la que se ha decretado el estado de emergencia.

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