Prevención de delitos contra el medio ambiente

Julita Hermelinda Pachas Napán
Fiscal de la Cuarta Fiscalia Provincial de Prevención del Delito – Lima

Uno de los mayores problemas del siglo XXI es la contaminación del medio ambiente a escala mundial. Ella nos atañe a todos, por lo tanto debemos aportar soluciones en busca de disminuir su impacto y gravedad.

En nuestro país hay entidades encargadas de tratar este problema y una de ellas es el Ministerio Público – Fiscalía de la Nación, a través de las Fiscalías Especializadas en Delitos contra los Recursos Naturales, el Medio Ambiente y la Tala Ilegal, creada mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 401-2006-MP-FN, de 11-04-2006, y, en la que, además, amplía esta competencia a la Cuarta Fiscalía Provincial de Prevención del Delito del Distrito Judicial de Lima.


PREVENCIÓN
La prevención de estos delitos, estipulados en los artículos 304 al 314 del vigente Código Penal y demás normas legales, otorga facultades al fiscal especializado con participación de las autoridades competentes para realizar inspecciones a diversas fábricas industriales, extracción ilegal de material no metálico, depósito o comercialización de desechos domésticos en lugares no autorizados o sin cumplir con las normas sanitarias, extracción, procesamiento y comercialización de productos hidrobiológicos prohibidos por la ley (veda y de menor talla), tala ilegal, especies de fauna silvestre protegidas por la ley, entre otros.

Por consiguiente, al referirnos a la prevención como defensa del derecho a un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, se adoptan medidas necesarias a fin de evitar daños al ambiente o que, en caso de que se lleguen a producir, la afectación sea mínima. En tal sentido, para prevenir el daño al medio ambiente se trazan objetivos prioritarios con la finalidad de vigilar y evitar la degradación ambiental.

El fiscal durante la participación en los operativos, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento de Organización y Funciones de las Fiscalías de Prevención del Delito, inciso “e”, recomienda y exhorta a quien corresponda la realización de acciones que contribuyan a la prevención del delito, levantando el acta correspondiente y procurando acopiar y registrar con los medios disponibles, los elementos probatorios útiles para la investigación, si la empresa contaminante ocasiona un peligro para la salud de las personas o afecta gravemente los recursos naturales. Es más, de inmediato, las investigaciones hechas las derivará al fiscal provincial penal de turno para que proceda de acuerdo con su función y atribuciones.

LA DENUNCIA
La Ley General del Ambiente Nº 28611 señala en su artículo 149.1, que para formalizar la denuncia por los delitos tipificados en el Título Décimo Tercero del Libro Segundo del Código Penal, precisa que se requerirá de la “opinión fundamentada”, por escrito, de las entidades sectoriales competentes, como el Ministerio de Agricultura, Inrena, Ministerio de la Producción, Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), Ministerio de Energía y Minas, y otros.

Esto es que no basta solo denunciar, sino que la denuncia debe estar fundamentada con la opinión de estas instituciones, lo cual nos lleva a buscar imparcialmente si realmente se ha infringido o no la legislación ambiental y el daño ocasionado al medio ambiente.

CRÍTICA
Desde nuestro punto de vista, la opinión fundamentada de las entidades sectoriales competentes no ha tenido efecto, más bien ha aportado a la dilatación de las investigaciones, ya que las entidades sectoriales no cumplen con los términos establecidos, cuyo plazo es de 30 días.

Así mismo, el fiscal está impedido de formalizar denuncia por delito contra el medio ambiente, cuando el inversionista, dueño o titular de una actividad productiva, contase con programas específicos adecuación y manejo ambiental (Pama) o está poniendo en marcha dicho programa, o ejecutándolos o tienen estudios de impacto ambiental (EIA), los cuales, sin duda alguna, crean dificultades para una correcta administración de justicia.

Artículo publicado en Jurídica Nº 195 – Suplemento de Análisis Legal del Diario El Peruano.

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