La CooperaciónJudicial Internacional en el nuevo Código Procesal Penal

Secilia Hinojosa Cuba
Fiscal Suprema Adjunta


La cooperación judicial internacional, es una valiosa herramienta al alcance de los Estados en su tarea de combatir el delito y perseguir y sancionar a sus autores o partícipes, con una utilidad manifiesta sobre todo cuando se trata de ilícitos penales de carácter transnacional como el Tráfico Ilícito de Drogas, el Lavado de Activos, el Terrorismo, la Trata de Personas, la Corrupción de Funcionarios, entre otros, en cuya ejecución como en las tareas de esconder las ilícitas ganancias obtenidas y en la de evadir la acción de la justicia, las fronteras no constituyen un límite invencible.

De allí que resulta imperiosa la “…necesidad de articular instrumentos de cooperación internacional en materia penal, mediante la figura de la extradición -entre otras- como una de las instituciones destinadas a evitar la impunidad en caso de delitos cuya promoción, materialización y/o resultado implica a más de un Estado” (Sentencia del Tribunal Constitucional de 27 de julio de 2006, Expediente N° 7624-2005/TC).

Precisamente por esta necesidad y como una de las expresiones del fenómeno de la globalización, los Estados vienen asumiendo compromisos de cooperación que se materializan en tratados multilaterales o bilaterales, mientras que en sus legislaciones internas van incluyendo disposiciones cada vez más precisas, con la finalidad de hacer de la Cooperación Judicial Internacional un mecanismo de ayuda mutua o recíproca más eficaz y expedito.

En esa línea nuestro legislador, reconociendo la importancia de lo que podría denominarse como “derecho procesal penal internacional”, como instrumento del instrumento que hace posible la aplicación del derecho penal material, ha destinado el Libro Sétimo del nuevo Código Procesal Penal a esta materia, siendo el caso poner en relieve que una de las novedades más saltantes que trae consigo el citado Libro, es la designación de la Fiscalía de la Nación como Autoridad Central (artículo 512), además de regular de manera sistemática los cuatro más importantes actos de cooperación judicial internacional: la extradición, la solicitud de asistencia judicial internacional, el traslado de condenados y la entrega vigilada de bienes delictivos.

El nuevo Código trae también disposiciones relativas a la cooperación con la Corte Penal Internacional en observancia del artículo 88 del Estatuto de Roma (artículos 554 a 566) y a la práctica de diligencias en otros Estados por jueces y fiscales nacionales y extranjeros (artículos 538 y 539).

Gracias a la Ley N° 28671, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 31 de enero de 2006, el Libro Sétimo del nuevo Código Procesal Penal viene rigiendo en todo el territorio de la república, razón por la cual, la señora Doctora Flora Adelaida Bolívar Artega, entonces Fiscal de la Nación, mediante Resolución N° 124-2006-MP-FN del 3 de febrero del mismo año, creó la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones, orgánicamente dependiente de ese Despacho, para que cumpla las funciones asignadas a la Autoridad Central.

Dichas funciones, grosso modo, son las siguientes: la transmisión a la autoridad nacional competente, del acto de cooperación requerido por la autoridad extranjera, que será ejecutado en el país con arreglo a nuestras leyes; y a la inversa, la transmisión del acto de cooperación formulado por jueces y fiscales peruanos que se cumplirá en el país requerido con arreglo a su ordenamiento, además de las acciones de coordinación destinadas a los más eficientes y efectivos resultados, que van desde la comunicación con otras autoridades centrales con el objeto de intercambiar información, absolver consultas, hasta el envío de documentación, de modo directo o con el concurso del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la OCN INTERPOL-Lima; además de poner al alcance de las autoridades solicitantes o ejecutantes nacionales, información relativa a la mejor forma de requerir o cumplir el acto de cooperación.

Hablando propiamente de los actos de cooperación, la Extradición resulta ser de los más conocidos en nuestro medio, debiendo precisarse que es un instituto de rango constitucional (artículo 37 de la Constitución Política del Perú), mientras que a nivel legislativo sus alcances estuvieron normados por la Ley N° 24710, denominada Ley de Extradición, del 27 de junio de 1987 (que derogó la Ley de Extradición de 1888 y los artículos 345 al 348 del Código de Procedimientos Penales) y los Decretos Supremos N° 044-93-JUS y 031-2001-JUS, sobre normas referidas al comportamiento judicial y gubernamental en materia de extradición y su modificación, respectivamente, hasta que fueron tácitamente derogados por la puesta en vigencia del Libro Sétimo del NCPP, con las previsiones del Decreto Supremo N° 016-2006-JUS, del 26 de julio de 2006.

Dicho instituto, contemplado en la Sección II, Títulos I al III (artículos 513 al 527), procede para que una persona procesada, acusada o condenada como autor o partícipe que se encuentre en otro Estado, sea juzgada o cumpla la pena que le haya sido impuesta como acusada presente, correspondiendo concederla al Poder Ejecutivo mediante Resolución Suprema expedida con acuerdo del Consejo de Ministros, previa resolución consultiva de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que puede ser de carácter positivo o negativo, supuesto este último que vincula en definitiva al Poder Ejecutivo.

En esta Sección II se regula los requisitos, procedimiento y efectos tanto de la extradición activa como pasiva, la extradición de tránsito y el arresto provisorio; sin embargo, se ha omitido considerar disposiciones relativas al trámite de la extradición simplificada y la entrega temporal (contempladas en algunos Tratados sobre la materia, suscritos por el Perú) y además, respecto de la ejecución de la extradición concedida y de la revocatoria.

Otro importante acto de cooperación, es la Solicitud de Asistencia Judicial Internacional cuya “función esencial es posibilitar el intercambio y suministro de medios de prueba entre los Estados” como apunta Víctor Prado Saldarriaga en “Criminalidad Organizada” (Editorial Idemsa). Es desarrollada en la Sección III del Libro Sétimo (artículos 528 al 537).

Dicho mecanismo ofrece un amplio abanico de posibilidades al alcance de jueces y fiscales, consistentes en notificaciones y citaciones, recepción de declaraciones, exhibición y remisión de documentos, realización de indagaciones e inspecciones y examen de objetos y lugares, facilitar información y medios de prueba y traslado temporal de personas en libertad y de detenidos sujetos a un proceso penal o, en su caso, de condenados, cuando su comparecencia como testigo sea necesaria conforme al artículo 511 apartado 1, literales b) al g), i) y j), por expresa remisión del artículo 528.

La Asistencia Judicial también permite bloqueos de cuentas, embargos, incautaciones o secuestro de bienes delictivos, registros domiciliarios, allanamientos, control de comunicaciones, entre otros, (artículo 511 apartado 1, literal h), supuestos para los cuales es una exigencia que el hecho que origina la solicitud constituya delito tanto en el Estado requirente como en el requerido (principio de doble incriminación), según prevé el apartado 2 del artículo 529 NCPP.

Conviene señalar que por primera vez, se ha desarrollado legislativamente este acto de cooperación, regulándose sus requisitos y trámite lo que constituye, sin lugar a dudas, un valioso aporte del nuevo Código Procesal Penal, dado el volumen, cada vez en aumento, de las solicitudes de asistencia judicial internacional, tanto activas como pasivas; sin embargo, se ha encomendado la ejecución de las solicitudes pasivas a los órganos jurisdiccionales, cuando acorde con la lógica del nuevo diseño procesal eran los Fiscales los llamados a su ejecución, solicitando la correspondiente autorización judicial cuando la petición de asistencia importara la restricción de un derecho fundamental.

En lo que respecta al Traslado de Condenados, previsto en la Sección V del Libro Sétimo, Títulos I y II (artículos 540 al 549), que posibilita que un condenado extranjero (sean peruanos o nacionales de otros Estados), cumpla en su país de origen, la pena privativa de libertad o medida de seguridad privativa de libertad u otras penas impuestas por los órganos jurisdiccionales del país trasladante, siendo imperativo para que prospere este mecanismo que medie la aceptación del condenado y de los Estados comprometidos. En el caso del Perú, esta aceptación se materializa en la Resolución Suprema expedida con acuerdo del Consejo de Ministros, cumplido el trámite judicial previsto tanto para cuando nuestro país actúa como trasladante o como receptor.

Es pertinente poner en relieve que cuando el Perú acepta el traslado de un condenado extranjero, mantiene jurisdicción exclusiva sobre la condena impuesta por sus órganos jurisdiccionales y sobre cualquier procedimiento que disponga la revisión o modificación de la sentencia, y además retiene para sí la facultad de conceder indulto o amnistía o de remitir la pena, a tenor del apartado 1 del artículo 541NCPP.

Por su parte la Sección VI del Libro Sétimo del nuevo Código Procesal Penal está destinada al acto de cooperación judicial internacional denominado Entrega Vigilada de Bienes Delictivos, cuya finalidad “es dejar que remesas ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o más Estados, lo atraviesen o entren en él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades competentes, con el fin de investigar delitos e identificar a las personas involucradas en la comisión de éstos” (artículo 2 literal h de la Convención de Palermo).

El trámite que debe observar un requerimiento internacional de entrega vigilada se encuentra contemplado en los artículos 550 al 553 del nuevo Código Procesal Penal, siendo competente el Fiscal del lugar donde ocurra el hecho, quien autorizará el procedimiento mediante una disposición cuando medie requerimiento expreso y motivado de una autoridad extranjera, correspondiéndole a dicho Fiscal conducir su ejecución, con la activa intervención de la policía.

Para concluir, es de tenerse en cuenta que los actos de cooperación judicial internacional se rigen por los convenciones o tratados suscritos por el Perú o sobre la base del principio de reciprocidad; lo que en buen cuenta significa que sólo a falta de instrumentos internacionales y en lo no previsto por ellos, rigen las demás normas de nuestro ordenamiento interno, entre ellas, las del Libro Sétimo del nuevo Código Procesal Penal.

A este respecto resulta ilustrativo el criterio de la Corte Suprema Justicia de la República Argentina citado en una Reseña de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los dictámenes de la Procuración General, 1999-2003, que esboza con claridad la función supletoria de las demás disposiciones del ordenamiento jurídico respecto de los instrumentos internacionales, que en nuestro país, por mandato constitucional, forman parte del derecho nacional.

Según el referido criterio, válido también respecto de otros actos de cooperación judicial internacional, “La extradición debe ser acordada sin otras restricciones que las que el tratado contiene, tanto por la fuerza obligatoria que el comporta para con las partes contratantes cuanto porque solamente a falta de tratados es pertinente la aplicación de las disposiciones del orden interno (…), en la inteligencia de que aquél es un acto emanado de un acuerdo de dos estados y por ende tiene que primar sobre las normas que en la materia consagra el derecho interno, que son el acto de una sola parte (…)”.

Para concluir conviene resaltar que la cooperación jurídica internacional, es un camino que los operadores peruanos estamos aprendiendo a andar con mayor firmeza y que el paso ciertamente se ve facilitado con la inclusión de disposiciones sobre la materia en el Libro Sétimo del nuevo Código Procesal Penal, ya en vigencia.

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