Derecho de información y la justicia

Diana Moro Morey
Docente del Instituto de Formación Bancaria


El acceso a la información es un derecho fundamental reconocido por la Constitución Política que contiene un haz de derechos, como son la investigación, la recepción de la información y la difusión. El derecho de información supone que los ciudadanos puedan acceder a la información libremente y sin restricciones.


El derecho de información es calificado como un derecho humano de primera generación[1], porque facilita el ejercicio de otros derechos civiles y políticos, como es la participación y el control. Precisamente, el sistema democrático se ve fortalecido cuando los ciudadanos cuentan con mecanismos de participación en la adopción de las decisiones políticas, económicas y sociales, y dicha participación sólo es posible en la medida en que posean información veraz y oportuna.

Control al poder
Facilita, además, el control de la actuación de entes estatales, de todo aquel que detente poder. El derecho de información tiene un doble aspecto; por una parte, la recepción y el acceso libre a las fuentes de información; y por otra, la comunicación y divulgación.

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado respecto a los alcances del derecho en cuestión, señalando que el derecho de acceso a la información pública tiene una doble dimensión. Por un lado, es un derecho individual, en el sentido de que garantiza que nadie sea arbitrariamente impedido de acceder a la información que guarden, mantengan o elaboren las diversas instancias y organismos pertenecientes al Estado, sin más limitaciones que las previstas como constitucionalmente legítimas. Segundo, el derecho de acceso a la información posee una dimensión colectiva, ya que garantiza el derecho de todas las personas a recibir información necesaria y oportuna.

Desde esta perspectiva, la información sobre la manera como se maneja la res pública termina convirtiéndose en un auténtico bien público o colectivo, que ha de estar al alcance de cualquier individuo[2].

Sustento
Desde ambas perspectivas, el derecho de acceso a la información pública se sustenta en una cotitularidad inherente a todos los ciudadanos sobre el manejo de la información que se encuentre en poder o se origine en el Estado.

Su ejercicio como todo derecho está limitado en razón del contenido de la información. Así nuestra Carta Magna limita su ejercicio cuando la información afecta otros bienes jurídicos tutelados como la intimidad o seguridad nacional. Asimismo, un estado social y democrático de derecho se basa en el principio de publicidad (artículo 39 y 40 de la Constitución), según el cual los actos de los poderes públicos y la información que se halla bajo su custodia son susceptibles de ser conocidos por todos.

Transformación de la cultura burocrática
El derecho de información para el individuo es un derecho a exigir, a pedir, mientras que para el Estado constituye una obligación, la de brindar la información solicitada. Es en esta doble dimensión que los mecanismos de transparencia cumplen un importante rol, ya que permite a los entes estatales utilizar distintas herramientas para cumplir su obligación y, dicho empleo permite al ciudadano acceder a la información, y es lo que le da transparencia a la gestión pública.

Así, la transparencia supone una transformación de la cultura burocrática.

En la administración de justicia, la transparencia permite al ciudadano acceder a la información y fiscalizar la actuación judicial. Los usuarios del servicio de justicia pueden conocer en tiempo real cómo marchan sus procesos, la forma en que el juez o magistrado que resolverá su caso ha resuelto otros casos similares y cómo es que previsiblemente resolverá el suyo y determinar si es que se aparta de los criterios ya establecidos, conocer cómo se han utilizado los recursos asignados por el presupuesto, pudiendo formular sugerencias.

Es así como el derecho de información permite transparencia a la gestión y en el caso de la administración de justicia, dota de predictibilidad a las decisiones judiciales, siendo fácilmente identificable a los magistrados y a las decisiones que se apartan de lo previsible.

Mayor acceso
Un reciente informe del Centro de Estudios de la Justicia de las Américas [4] concluye que gran parte de los países de América realiza esfuerzos de las respectivas administraciones de justicia por publicitar información a través de internet, que no se limita a la recopilación de fallos, sino además a la forma como se asignan los presupuestos. Es interesante que el Perú se ubique en undécimo lugar de un total de 34 países, de mayor a menor acceso, mientras que el Ministerio Público, el segundo lugar. Ello permite concluir que las autoridades peruanas realizan esfuerzos por brindar información y transparencia. Sin embargo, como todo esfuerzo, este no se ha desarrollado en su plenitud.

Sentencias en el Internet
Así, por ejemplo, de la página web del Poder Judicial peruano se advierte que sólo se ha publicado el resultado de los procesos que en vía casatoria u otros conocen las distintas salas de la Corte Suprema y de los juzgados de primera instancia. Sin embargo, los fallos de las Salas Superiores o de Cámara, como se denomina en otros países, por lo menos de Lima, no son de acceso a los ciudadanos, siendo por tanto recomendable que también las publiciten. Ello resulta particularmente importante si se considera que muchos de los procesos en materia comercial no llegan a la Corte Suprema, sino que concluyen en la Corte Superior.

La publicación de fallos, asimismo, permitirá a los jueces de primera instancia validar o no los criterios que aplican al resolver las causas a su cargo, especialmente si se atiende que a escala nacional existe una única sala comercial ubicada en Lima y sus decisiones sirven de ejemplo a otras salas y tribunales del país.

Dato
Para implementar lo que falta no se requiere mayor presupuesto sino dedicación y paciencia. Esperemos que en un corto plazo, los fallos de segunda instancia de las cortes con la mayor carga procesal sean visibles a través del portal web.

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