Reglamento del régimen especial de contratación administrativa de servicios

En las próximas semanas, el Gobierno publicará el nuevo reglamento del régimen especial de contratación administrativa de servicios, que reconoce a los trabajadores por servicios no personales ciertos derechos, como a la seguridad social, afirmó el viceministro de Trabajo, Jorge Villasante, quien descartó, además, que la falta de esta norma constituya un impedimento para la renovación de estos contratos ya vencidos.

¿Qué ocurre con el proceso de sustitución de los contratos de SNP por el nuevo contrato administrativo de servicio? ¿Son infundados los temores de despidos de este personal?
– Totalmente infundados. Aquí debemos dejar en claro de que el D. Leg. N° 1057 es un avance en función de otorgar derechos a estas 81 mil personas que prestan servicios al Estado y que más allá de recibir una retribución económica no tenían derecho a nada. Se trata de reconocerles que existe un tiempo diario para desarrollar sus labores, que tendrán derecho al descanso semanal y anual remunerado, y lo importante, su afiliación a la seguridad social, tanto del trabajador como de sus familiares directos, los llamados derechohabientes, es decir, la esposa e hijos, eventualmente menores de edad. Además, su afiliación al sistema pensionario, la cual será facultativa para quienes ya estén trabajando y obligatoria para quienes recién ingresen a laborar.

Al parecer, muchas instituciones dejaron en suspenso estas contrataciones por falta de reglamento. ¿Cuándo estará lista esta disposición?
– Esperamos que en dos semanas. La norma es elaborada por un equipo multisectorial de la presidencia del Consejo de Ministros, del sector Trabajo y de otras entidades. La idea es aprobarla cuanto antes, pero aún se deben concordar algunos criterios, inclusive de carácter tributario, pues muchas de estas personas otorgan recibos por honorarios profesionales o por rentas de cuarta categoría, lo cual genera algunas dudas. Entre ellas, si son de cuarta o quinta categoría o tal vez de cuarta-quinta categoría. Entonces, se ha extendido está consulta a la administración tributaria. Está en discusión, además, si existirá o no una planilla adicional, entre otros aspectos.

En esta transición hasta la publicación del reglamento, ¿cuáles son las atribuciones de las entidades públicas para sustituir los contratos de SNP?
– En realidad, no existe ninguna directiva o instrucción general; sin embargo, hay entidades que ya adoptaron sus propias decisiones a través de circulares o directivas internas sobre el particular. Pero, lo concreto es que este decreto legislativo no supone que a alguien se le dejará sin efecto su contrato.

Así, por ejemplo, si mi contrato venció en junio, me corresponde su renovación, que podrá realizarse bajo los mismos términos y solo cambiará la denominación a contratos administrativos de servicios y, en el tiempo, se harán los ajustes que correspondan en concordancia con el nuevo reglamento. Es decir, podrán continuar ejecutando los contratos en iguales términos con que los hacían hasta junio último, sustituyendo su denominación y, en mi opinión, incorporar una cláusula en que las partes se obligan a efectuar las modificaciones que correspondan para adecuarse a las normas del reglamento del D. Leg. N° 1057, que oportunamente sea publicado.

Aunque aquí hay quienes han pensado y dicen que, como no hay reglamento, se deben cortar estos contratos; pero quiero ser absolutamente claro, y ésta es una posición del Gobierno: lo que se está haciendo es reconocer derechos a 81 mil personas que no tenían nada.

Pero lo que sucede es lo siguiente: existen algunos funcionarios y servidores del Estado que quieren aprovechar esta coyuntura, quizá para no renovar estos contratos o dejar en la calle a quien no le guste y traer, pues, a los amigos; eso no está permitido. Éste es un decreto legislativo orientado a reconocer derechos, para generar beneficios, y ya está vigente.

Con el nuevo contrato administrativo de servicios, en que confluyen algunos elementos esenciales de una relación laboral, es probable que aparezcan futuras reclamaciones por parte de este personal, ¿se han adoptado las contingencias necesarias?

– Sabemos que puede existir una contingencia al respecto, pero el tema de fondo es que a la carrera civil, que se debe estructurar en el mediano plazo o lo que se denomina la carrera administrativa, se ingresa por concurso público. Y es el derecho que tenemos todos los ciudadanos a participar de procesos de selección de personal.

Ahora bien, es una realidad indiscutible que existen 81 mil personas que le prestan servicios al Estado bajo esta modalidad. Aunque tampoco se les puede negar el derecho que tienen otros civiles que no prestan servicios, pero que sí quisieran hacerlo y solo están a la espera de una oportunidad.

El Gobierno está en un proceso de ordenamiento de la gestión pública y, en particular, del servicio civil. Hace poco se dictaron varias normas sobre la autoridad nacional del servicio civil, capacitación y evaluación, modernización de la gestión pública, entre otros. Todas ellas orientadas a mejorar la gestión pública, en un avance progresivo, sin generar falsas expectativas. Como, por ejemplo, decir que si impugno, pasarán a planilla todas estas personas. Eso pasará por convocar a concursos, cuando sea necesario. Si estas personas están capacitadas, accederán a ello. Eso es lo concreto.

5 respuestas a Reglamento del régimen especial de contratación administrativa de servicios

  1. NORBERTO dice:

    D. Leg. Nº 1057 ¿GATO POR LIEBRE?
    El caso de los contratos por SNP.
    Norberto Escobedo Loyola
    escobedoloyola@yahoo.es
    Desde hace muchos años, el Estado ha actuado de manera nefasta con un buen sector de sus trabajadores, en este caso quiero referirme al sector público. Con el viejo cuento de la austeridad, se dejó de lado el nombramiento de los servidores públicos desde la década pasada –salvo educación en algunos casos- Pero la administración pública debía seguir operando y naturalmente, con el crecimiento de la población, la demanda de los servicios también ha crecido. Pero, el número de trabajadores nombrados no crece por que el Estado “ideó” un método de atender este déficit de personal, en base a la contratación ilegal del trabajador mediante los famosos contratos por Servicios No Personales. Este modelo de contratación desnaturalizado de su esencia primigenia, ha servido para que el Estado “ahorre mucho dinero”, dejándole de pagar al trabajador sus beneficios sociales básicos. Es decir, el Estado con su ius imperium (poder) ha actuado como explotador a quien debía proteger.
    El Congreso de la República, mediante la Ley Nº 29157 delegó al Poder Ejecutivo la facultad de legislar por un plazo de 180 días, sobre diversas materias relacionadas con la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú – EEUU y su Protocolo de Enmienda, destinadas al fortalecimiento institucional y la modernización del Estado. Y una de las normas que se ha emitido en base a esta coyuntura es el D. Leg. Nº 1057 denominada “Decreto Legislativo que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de servicios (RECAS).
    Mediante el RECAS el gobierno pretende hacer justicia a ese grupo de trabajadores que nunca han tenido ningún beneficio laboral, no obstante ser trabajadores con las mismas obligaciones y responsabilidades que un nombrado, tal como se ha difundido con bombos y platillos por los diferentes medios de comunicación. Esta ha sido (esperamos que deje de serlo) una forma perversa de discriminación, que de seguir así estaría vulnerando incluso el actual Protocolo de Enmienda al Acuerdo de Promoción Comercial Perú – EEUU (llamado TLC) increíble ¿no?
    Sin embargo, al revisar los pocos artículos de este decreto legislativo, no dice lo que pregona el gobierno. Es decir, los están dando gato por liebre. Porque más son los perjuicios que los beneficios y ya sabe a chicharrón de sebo.
    En primer término. ¿Para quien va dirigida esta norma?
    Si es para las nuevas contrataciones que va hacer Estado con el objeto de cubrir las plazas con carácter permanente, puede ser justificable de algún modo y de esta manera se estaría erradicando el más nefasto método de explotación por parte del estado, al otorgárseles sus derechos laborales a estos nuevos trabajadores.
    Pero si esta norma se pretende aplicar a los trabajadores que ya vienen laborando en el sector público más de un año de manera consecutiva, subordinados a un jefe, con permanencia en su centro de trabajo, con horario fijo, percibiendo una remuneración fija, ocupando un cargo o función de naturaleza permanente. Entonces ya estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de trabajadores que han adquirido una serie de derechos laborales sustentado en las normas vigentes. Como la Constitución Política del Estado, el D. Leg. Nº 276, Ley Nº 24041, Ley Nº 28175- Ley marco del empleado público y normas conexas vigentes hasta antes de la entrada en vigencia del D. Leg. Nº 1057. Es decir, el trabajador con las características descritas en este párrafo, ya tiene ganado el derecho a 30 días de vacaciones remuneradas, a no ser despedido arbitrariamente, a su seguridad social y previsional, jubilación etc. Beneficios que se perdería, por que la nueva modalidad de contratación desconoce a estas normas laborales para estos trabajadores (segunda parte del primer párrafo del Art. 3 del D. Leg. Nº 1057)
    Porque hay algo que se debe tener bien en claro, UNA COSA ES EL DERECHO, que todo trabajador con más de un año de trabajo continuo ya lo tiene ganado (Artículo 1º de la Ley Nº 24041) y OTRA COSA ES EL GOCE Y DISFRUTE DE ESE DERECHO, que el Estado hasta ahora lo ha negado en mil idiomas. Claro, muchos dirán que esta norma se circunscribe en la teoría de los hechos cumplidos y no en la de los derechos adquiridos, pero esas son discusiones estériles por que los derechos laborales son irrenunciables y la Constitución lo declara taxativamente y no requiere mayor interpretación como muchos quisieran hacerlo, cuando se persigue propósitos nada santos.
    ¿Por qué entonces se pretende obligar a los trabajadores activos, a firmar un contrato que a todas luces va desmejorar su situación actual? Automáticamente pierde su estabilidad laboral ya ganada, porque de ahora en adelante los contratos son a plazo determinado (Art. 5 del D. Leg. Nº 1057), es decir a plazo fijo, ¿con cargo a ratificarlo por un nuevo periodo? sí, pero sujeto a varias condiciones (Art. 4 del D. Leg. Nº 1057) muy fácil de ser manejados políticamente y ser despedido. Así mismo, pierde 15 de los 30 días de vacaciones que ya tenía ganado, pero que el mismo Estado se ha negado a otorgarle el goce de ese derecho ya adquirido por el paso del tiempo.
    SIN EMBARGO, ESTOS TRABAJADOS TINEN ABIERTAS LAS PUERTAS PARA EXIGIR ADMINISTRATIVA Y JUDICIALMENTE se cumplan estos derechos, e INCLUSO A NEGARSE A FIRMAR LOS NUEVOS CONTRATOS, por que la Ley es para los que recién por primer vez, y a partir de la entrada en vigencia de esta norma, van a celebrar un contrato administrativo de servicios, porque la ley laboral no es retroactiva.
    Finalmente, para nadie es un secreto que el Estado ha venido explotando al trabajador conocido como SNP, por su situación aparentemente frágil. Ellos siempre han vivido atemorizados por el despido, o la no ratificación de sus contratos. Nunca se han organizados por las mismas razones, no obstante las normas laborales nacionales e internacionales permiten que se organicen, formen sus sindicatos asociaciones u organizaciones similares (en una misma institución o empresa puede haber mas de un sindicato, la ley no lo prohíbe), por que son trabajadores tan igual que un nombrado en cuanto a derechos se refiere. Y para concluir, debo indicar lo irónico que es la vida, pues para denunciar al Estado que esta incumpliendo sus obligaciones laborales, deben acudir al mismo Estado (Ministerio de trabajo o autoridad jurisdiccional) para exigir su cumplimiento. Es decir, en materia laboral del sector público, el Estado es juez y parte.

  2. Anonymous dice:

    hola hece tres añoslo vengo trabajando en una institucion por el estado mediante contrato de SNP, lo cual desde la fecha nos cortan vinculo laboral a los 11 meses y luego regresamos en un periodo de 02 meses.
    en este mes me cortan el vinculo laboral mi pregunta es: ¿la Institución puede cortar ese vinculo laboral teniendo yo derecho al DL. Nº 1057, que puedo hacer

  3. Anonymous dice:

    No entiendo si supuestamente no debe haber el temor a que terminen con los contratos xq el ministerio del interior saco 80 trabajadores SNP desde el primero de agosto, 60 del mismo ministerio y discamen y 20 de migraciones, personas con mas de 3 años trabajando y con contrato vigente hasta diciembre????
    y el reglamento cuando va a salir????, como con la vara bailan los jefes la gente q busca ser recontratada esta esperando el dichoso reglamento
    a quien se lepuede denunciar en este caso?

  4. Anonymous dice:

    no entiendo porque el gobierno se hace de la vista gorda se llena la boca hablando maravillas pero no exige a sus funcionarios y ministros de turno para que cumplan lo que el pregona o propone.ha hablado muy lindo a favor de los SNP, pero del dicho al hecho solo se benefician los que recien ingresan a trabajar y los pobres contratados con 15 años de sevicio se mueren d hanbre con 350.00 soles al mes tomemos en cuenta que la mencionada modificacion se crea justamente para los SNP existentes pero vemos con pena que inmediatamente empieza a ingresar gente nueva con mejores sueldos y al sufrido SNP que labora para el sector salud por mas de 15 años sigue rompiendose el lomo por miseros 350.00 soles y encima se le amedrenta diciendole que si firma el nuevo contrato pierde su deecho a nombramiento ¿ EI SEÑOR ALAN GARCIA APOYARA ESTO? espero reflexionen.

  5. Anonymous dice:

    Me parece que el el RECAS, lo sacaron para quedar bien con EEUU., por que para ciertas personas conviene el SNP, por que no les gusta permanecer en una sola institucion del Estado, claro para algunos que tienen familia les conviene LOS BENEFICIOS SOCIALES.
    es decir es controvertido el tema.

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